Las pensiones en España

Las pensiones por jubilación en España son unas de las más altas de Europa si tenemos en cuenta que, de media, reemplazan el 89% del último sueldo. No obstante, esto puede cambiar por el envejecimiento de la población y por la insostenibilidad del sistema de pensiones en España, obligando a los ciudadanos a buscar otras alternativas como los planes de pensiones privados.

Las pensiones son transferencias que el Estado, las entidades financieras o las mutuas realizan a ciertos ciudadanos que cumplen unos requisitos determinados, como por ejemplo, la incapacidad de generar ingresos. Entre los diferentes tipos de pensiones encontramos las pensiones por jubilación, por invalidez, o por viudedad, entre otras. 

Por otra parte, las pensiones públicas son concedidas por el Estado y son financiadas por las contribuciones obligatorias de los trabajadores en España mediante sus aportaciones a una “caja común”.  Esta caja en España es la Seguridad Social, entidad que gestiona las pensiones públicas que suponen la mayor partida de presupuesto estatal. De hecho, tal y como señala el BOE, en 2022 se ha presupuestado un gasto de unos 170.000 millones de euros, lo que supone un 37% de todo el presupuesto estatal. 

En este sentido, sería interesante empezar a prestar atención a otras alternativas con tal de seguir percibiendo suficientes ingresos en el momento de nuestra jubilación. En la actualidad, una de las opciones más utilizadas son los planes de pensiones privados.

El sistema de pensiones públicas en España se basa en cinco principios:

1. Principio de reparto: las pensiones que el Estado paga en la actualidad se financian mediante aportaciones de los trabajadores en activo. 
2. Proporcionalidad contributiva: el importe de la jubilación de una persona determinada viene dado, en cierta medida, por lo que ha aportado durante su vida laboral.
3. Principio de universalidad: el sistema de pensiones públicas también se extiende a aquellos que no han cotizado nada, o no han aportado lo suficiente para garantizar que disponen de una pensión mínima para cubrir sus necesidades básicas.
4. Gestión pública: las pensiones públicas son gestionadas únicamente por entidades y organismos públicos, que se encargan de la gestión y de la recaudación de las cotizaciones.
5. Suficiencia de las prestaciones: la cuantía de las pensiones debe ser suficiente para cubrir las necesidades básicas de los beneficiarios de las mismas.

Por otro lado, existen dos grupos de pensiones en España dependiendo de la cantidad del tiempo cotizado a la Seguridad Social.

• Pensiones no contributivas: siguiendo el principio de universalidad anteriormente mencionado, este tipo de prestación se otorga a cualquier ciudadano en situación de necesidad. Con tal de recibir este subsidio se necesita reunir ciertos requisitos, como por ejemplo, no haber realizado nunca aportaciones al sistema de pensiones o durante menos de 15 años en su conjunto.
• Pensiones contributivas: estas son prestaciones, normalmente de carácter indefinido, para aquellos ciudadanos que hayan cotizado el suficiente tiempo a la Seguridad Social. La cantidad a percibir se calculará en base a los años cotizados y la cuantía de las aportaciones. Así pues, cuantos más años y mayor cantidad de dinero se haya cotizado, mayor pensión de jubilación nos corresponderá.

Como veremos más adelante, las pensiones por jubilación en España son bastante altas en comparación con las rentas generadas durante el periodo de actividad laboral. Esto hace que en la mayoría de los casos no sea necesario un plan de pensiones privado, por lo que, por el momento, en España no son tan populares como en otros países de nuestro entorno.

Para poder acceder al 100% de la pensión por jubilación contributiva tenemos que cumplir dos requisitos. En general, debemos de haber cumplido 66 años y dos meses (en 2022) y haber cotizado durante al menos 15 años. 

Además, dos de estos años deben haber sido cotizados en los últimos 15 años de nuestra vida. De no cumplir con estos requisitos pasaremos a percibir la pensión por jubilación no contributiva. No obstante, cabe la posibilidad de retirarse y percibir el 100% de la jubilación a los 65 años si se hubiesen cotizado al menos 37 años y 6 meses.

Está previsto que tanto la edad de jubilación como los años mínimos cotizados para retirarse a los 65 años vayan en aumento. El objetivo en 2027 es alcanzar la jubilación a los 67 años y a los 65 para aquellos hayan cotizado 38 años y medio. Para los próximos  años, la edad mínima y los periodos cotizados exigidos serán los siguientes.

Fuente: Seguridad Social

El cálculo de las pensiones contributivas se realizará, a partir de 2022, teniendo en cuenta las cotizaciones del trabajador en los últimos 25 años (anteriormente el periodo era de menor duración, pero se ha ido incrementando desde 2013 con la última reforma de las pensiones en España).

Del mismo modo, la cuantía de la pensión por jubilación también vendrá dada por la situación conyugal: sin cónyuges, con cónyuges y con cónyuges a cargo. Igualmente, a la pensión por jubilación se sumarían otros componentes,  como un plus por incapacidad permanente si se diese el caso.

Por otro lado, el gobierno establece tanto un mínimo como un máximo a las pensiones por jubilación, que dependen también de la situación conyugal y que son normalmente revalorizadas año tras año. En 2022 las cuantías máximas y mínimas son las siguientes.

La ley también estipula que es posible acogerse a una jubilación anticipada si se cumplen ciertos requisitos. Si el retiro es voluntario, entonces es posible empezar a cobrar la pensión a los 63 años bajo la condición de haber cotizado al menos 38 años. Para aquellos que hayan cotizado menos tiempo será posible jubilarse anticipadamente a los 64 años y seis meses.

Sin embargo, la pensión se verá reducida de manera vitalicia por unos coeficientes reductores que se calcularán en base a la cantidad de tiempo cotizado y periodo de anticipación a la edad de jubilación real. Estas cantidades oscilan entre un 21% de reducción y un 2,81%. Los porcentajes para 2022 se pueden consultar en el acuerdo de pensiones del 2021.

Por otro lado, también es posible solicitar la pensión de jubilación anticipada forzosa bajo ciertas circunstancias y si se forma parte de alguno de los grupos laborales recogidos por la ley.

Algunos de los últimos cambios anteriormente mencionados en el sistema de pensiones, como el aumento en la edad de la jubilación, fueron introducidos por la reforma de las pensiones de 2013. Estos cambios van encaminados a garantizar la sostenibilidad de la Seguridad Social y los diferentes tipos de prestaciones concedidas por el Estado.

El envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide poblacional está haciendo que cada vez haya menos cotizantes por cada pensionista. Cabe destacar que en 2007 la ratio trabajador-pensionista en España era del 2,76, mientras que en 2021 fue de 2,2 trabajadores por cada pensionista. 

Adicionalmente, esta tendencia no se frenará previsiblemente, ya que según el Banco de España, la ratio en 2050 será de tan solo 1,5 cotizantes por cada jubilado. Esto nos abocará con toda seguridad a una reforma del sistema de pensiones en España.

Entre las medidas que probablemente tomen los distintos futuros gobiernos para salvarlo encontramos, por ejemplo, el endurecimiento de las condiciones para acceder a una pensión por jubilación, incrementando el requisito de la edad mínima.

Asimismo, previsiblemente el importe de las prestaciones se verá reducido notablemente, afectando a la tasa de reemplazo. Esta tasa de reemplazo refleja la pérdida de poder adquisitivo de un pensionista en relación con el salario que tenía como trabajador antes de acceder a la pensión.

Con esta tasa se calcula qué porcentaje del salario como trabajador en activo cubre la pensión por jubilación. De esta manera, si un trabajador cobraba 2.000 y la pensión es de 1.500, la tasa de reemplazo es del 75%. 

Por otro lado, la tasa de reemplazo nos permite comparar de manera sencilla la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en España con la de otros países. En este sentido, y según el estudio de la OCDE “Pensions at a Glance 2021” la tasa de reemplazo en España es actualmente del 89%, muy superior a la media de la OCDE, 62,4% y de la UE, 66,7%.

Este hecho hace que los planes de pensiones privados no hayan sido muy populares en España hasta el momento, ya que la pensión pública por jubilación es suficiente para mantener el mismo nivel de vida previo a la jubilación. 

No obstante, las proyecciones indican que esta tasa de reemplazo para España irá disminuyendo progresivamente hasta situarse cerca del 50% a mitad de siglo. Con esto se podrá garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones en España y del estado del bienestar, pero los pensionistas verán su capacidad de compra notablemente mermada. 

Por esta misma razón, sería conveniente buscar alternativas que complementen en un futuro nuestra pensión pública con tal de asegurarnos una jubilación digna.

La perspectiva de las pensiones públicas de jubilación de momento no es muy prometedora. Ante este hecho, cabe preguntarse qué podemos hacer para complementar nuestra futura jubilación. 

Una de las medidas más utilizadas en otros países, donde la tasa de reemplazo es menor, son los planes de pensiones privados. Estos son productos de ahorro, ofertados principalmente por entidades financieras, en las que el titular hace aportaciones bien periódicas o bien puntuales durante su vida laboral.

Estas aportaciones, además de ser reservadas para la jubilación, generarán intereses, por lo que el valor final del plan de pensiones será mayor que el de la suma de las aportaciones hechas por el titular. Así pues, una vez llegada la jubilación, el pensionista podrá rescatar el capital principal acumulado más los intereses con los que complementar la pensión pública. 

Además de la ventaja de obtener unos intereses que aumentarán la pensión en el futuro, las aportaciones al fondo de pensiones repercutirán en el pago de impuestos. En 2022 es posible reducir en hasta 1.500 euros la base del IRPF si las aportaciones son por parte del trabajador y 8.500 euros si son por parte de la empresa.

Por último, los expertos coinciden en que cuando antes nos empecemos a preparar para la jubilación, mejor preparados estaremos ante la incertidumbre creciente de la sostenibilidad de las pensiones públicas.