Todo lo que necesitas saber sobre la fiscalidad de los depósitos

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Al igual que ocurre con cualquier otro producto de ahorro e inversión, los depósitos deben pagar impuestos. En concreto, los intereses que se hayan liquidado están sujetos al Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como renta del ahorro. También están sujetos  al Impuesto del Patrimonio, aunque en la práctica muy pocos contribuyentes están obligados a presentar este impuesto.

Cómo tributan los depósitos a plazo fijo

Desde el punto de vista fiscal, las ganancias obtenidas por los depósitos a plazo fijo se consideran como rendimientos del capital mobiliario, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Estos rendimientos se integran dentro de la base imponible del ahorro, que cuenta con unos tipos marginales específicos para este tipo de ingresos diferentes a los tipos generales que se corresponden con los rendimientos del trabajo o de actividades económicas. Estos tipos dependen de las ganancias obtenidas, y son las siguientes:

Desde Hasta Tipo marginal
0 € 6.000 € 19 %
6.000 € 50.000 € 21 %
A partir de 50.000 € - 23 %

En realidad, cada tipo de gravamen se aplica de forma escalonada. Es decir, se aplica el 19% sobre los primeros 6.000 €, el 21% sobre el exceso de 6.000 € y hasta 50.000 € y el 23% a partir de 50.000 €.

Para que lo entiendas mejor, vamos a ilustrarlo con un ejemplo. Imagina una persona que contrata un depósito a plazo fijo al 1% TAE, al que realiza una imposición inicial de 700.000 €. Al cabo de un año, habrá obtenido unas ganancias de 7.000 € que deberá tributar de forma adecuada. En concreto, tributará al 19% por los primeros 6.000 € (un total de 1.140 €) y el 21% por los 1.000 € restantes hasta 7.000 € (es decir, 210 €). En total, deberá pagar a Hacienda 1.350 €, con un tipo efectivo del 19,28%.

La retención del IRPF en los depósitos a plazo fijo

Al igual que ocurre con la nómina de un asalariado, la entidad bancaria donde el titular tenga contratado el depósito descuenta una parte del interés que el contribuyente debería recibir en concepto de retención a cuenta en el IRPF, abonándoselo a la Agencia Tributaria. Es decir, en la liquidación de intereses, el titular recibirá el importe neto de la ganancia, una vez descontados los impuestos correspondientes al ahorro.

Pero no acaba aquí la cosa. En abril y hasta junio del año siguiente al que se han obtenido los ingresos por los intereses del depósito, el contribuyente deberá presentar la declaración de la renta con la totalidad de ganancias del ejercicio, incluyendo tanto los intereses de todos los depósitos a plazo fijo como el resto de plusvalías obtenidas por otros productos financieros y de inversión, como los dividendos de acciones o los reembolsos de los fondos de inversión.

Estas ganancias se compensan con las pérdidas patrimoniales obtenidas a lo largo del ejercicio, por ejemplo, cuando se venden participaciones de un fondo de inversión o acciones con pérdidas. Se podrán compensar el total de pérdidas hasta en los cuatro ejercicios siguientes al de la declaración, y siempre que la base imponible del ahorro no arroje un resultado negativo.

En función del total de ganancias y pérdidas obtenidas y de las retenciones practicadas a lo largo del ejercicio, saldrá una cifra positiva o negativa, que se corresponde con la cifra a pagar o resultante a devolver en favor del contribuyente. A esta cifra se le sumará o restará la cuota resultante correspondiente a los rendimientos del trabajo y actividades económicas, dando como resultado la cuota diferencial en la declaración.

El Impuesto sobre el Patrimonio

Los depósitos también están sujetos al Impuesto de Patrimonio junto con el resto del dinero que tengamos en cuentas corrientes y el resto de activos una vez deducidas las deudas. Para determinar la base imponible del impuesto, se tendrá en cuenta no solo los rendimientos de los depósitos, sino la cuantía total de dinero en estos productos.

Tan solo aquellos contribuyentes que tengan un patrimonio superior a los 700.000 €, excluida la vivienda habitual hasta un máximo de 300.000 €, deberán liquidar el impuesto, cuya presentación tiene las mismas fechas que en el caso de la Renta. Los contribuyentes cuyo patrimonio tenga un valor por debajo de esta cifra estarán exentos de su presentación.